Bolivia: "LAS MINAS YA NO SON NUESTRAS"

Antonio Peredo Leigue
en RazonEs de Ser
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La recuperación de la minería boliviana en beneficio del pueblo, al que pertenece esta riqueza, es un objetivo urgente. Sin darle mucho al Estado, la minería tiene ganancias que sobrepasan los cálculos más osados. Esa es la conclusión a la que llegó un estudio realizado recientemente por un equipo de expertos, quienes publicaron el resultado de su investigación en un libro titulado “Excedente y renta en la minería mediana”.

En estos diez primeros años del siglo 21, el Estado boliviano percibió sólo el 22% de las ganancias obtenidas por la minería. Rectifiquemos. En realidad, los investigadores se encontraron con un muro impenetrable: nadie quiere dar información, no hay una base de datos, ni siquiera como muestreo. Por tanto, eligieron cuatro empresas privadas medianas y una estatal y trabajaron con ellas, las que proporcionaron información a condición de no revelar sus fuentes. ¡No hay transparencia!

Por supuesto, de un resultado como este, no es posible generalizar. Pero es suficiente para hacernos una idea de lo que ganan los empresarios. El estudio, según la reseña que hace un diario local, tomando datos de estos diez años, concluyó que, las empresas, lograron réditos equivalentes al 55% con un monto de 1.126 millones de bolivianos. Si hacemos los cálculos respectivos, en 10 años cada una de las 5 empresas habría obtenido 225,2 millones de bolivianos, aún considerando que la estatal obtuvo el mismo beneficio, lo cual es improbable; eso significa más de 22 millones cada año. Por esa ganancia, cada empresa pagó al Estado, sumando regalías, impuestos y alícuotas, menos de 5 millones anuales.

Con una COMIBOL reducida a su mínima expresión, con beneficios importantes para los empresarios mineros, como la reducción de la tarifa ferroviaria para la exportación de minerales, resultaría que, el Estado, está subvencionando la actividad minera. ¿Cómo ha ocurrido esto? La nacionalización de las minas, en 1952, no fue un programa global. Se redujo a recuperar la gran minería, fundar la Corporación Minera de Bolivia y seguir trabajando en las mismas condiciones. Podríamos decir que, la nacionalización de las minas, dejó en desventaja a COMIBOL, pues Patiño que era el principal productor de minerales de estaño, era también propietario de la fundición en Gran Bretaña. De hecho, los minerales nacionalizados se enviaban en concentrados y Patiño siguió ganando con la fundición.
El decreto 21060, promulgado en agosto de 1985, apuntó principalmente a desestructurar la minería estatal. Ese decreto tuvo, como inicial objeto, detener la hiperinflación que sufríamos. Conseguida ésta, el despido de trabajadores se hizo sin ninguna consideración. Las protestas no tuvieron ningún resultado, habida cuenta de que el gobierno había detenido la inflación y, el pueblo, quedó debilitado en sus combativas organizaciones sindicales. Para despedir en forma rápida a los mineros, el Banco Mundial no tuvo reparos en conceder hasta 60 millones de dólares, con los que se pagó beneficios extralegales, tal como se llamó oficialmente a esta cuenta de despido.

Era el tiempo en que se exigía el reajuste estructural de los Estados y la adecuación a la política económica de la globalización. Ese fue el proceso neoliberal que dio por resultado final, la inverosímil crisis que está viviendo el mundo en estos días. Por supuesto, los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, prestaban dinero para cualquier proyecto, excepto los de carácter productivo. En ese momento, la Federación de Mineros, planteó la reactivación de COMIBOL y entregó al gobierno un plan posible que podía financiarse con 75 millones de dólares. Incluso anunció que tenía la promesa de un crédito a largo plazo y bajo interés para tal propósito. Pero no.
Siguiendo las consignas que se daban en Washington, los gobernantes aceptaron endeudarse en muy poco menos de esa cantidad, para pagar beneficios extralegales y cerrar los centros mineros. COMIBOL, como otras estatales, se redujo a empresa residual.

De ese modo, una parte de las minas del Estado pasó en arriendo a empresas privadas como COMSUR de Gonzalo Sánchez de Lozada, que ahora ha traspasado a la norteamericana Glencore. Otras, las de productividad en baja, se entregaron a los cooperativistas. Bolivia dejó de ser un país minero para convertirse en gasífero.
Es en estas condiciones que, el programa de cambio, plantea la recuperación de la minería y el fortalecimiento de lo que corresponde al Estado. Esto debe hacerse a través de una ley pues, en la contingencia, los problemas surgidos por diferentes causas, han debido resolverse mediante decretos transitorios. Conociendo la inminencia de la nueva ley minera, los empresarios han reclamado una reducción de las tasas, impuestos y regalías, porque la suya es una actividad de alto riesgo.

Pero, el estudio a que hicimos referencia líneas arriba, dice lo contrario. Según la reseña aparecida en un diario, más allá de toda sospecha de ser oficialista, los investigadores comparan la obtención de la renta estatal en Bolivia, Chile y Perú. Los dos vecinos, según el informe, “han captado para el Estado –bajo la forma de impuestos directos y contribuciones-, una mayor proporción de la renta”. Por supuesto, la reclamación de los empresarios no tiene ningún asidero. No se reseña, en la nota periodística, cuáles son las proporciones en que, los empresarios de estos países, remesan sus ganancias al exterior. En Bolivia, las leyes actuales incentivan esa descapitalización del país.
Pero no se trata de volver a la experiencia de 1952. Hay que mantener la explotación de minerales en manos de empresarios privados, allí donde están actualmente; así lo dice la Constitución Política del Estado. Pero habrá que agregar que se requiere una estructura del Estado altamente calificada para avanzar en la explotación racional y sostenible de nuestros minerales. Y, en esta tarea, el aporte de los empresarios, será de primera importancia.


Cortesía del autor desde La Paz, Bolivia