Se entregarían 240 mil hectáreas para el cultivo a la empresa estatal china Heilongjiang Beidahuang. Antes de cosechar soja, el acuerdo ya cosecha críticas de parte de organizaciones comunitarias y ambientalistas. El gobierno provincial lo defiende.
“Proyecto sojero” denuncian las organizaciones sociales, ambientales e indígenas. “Plan agroalimentario” lo denomina el gobierno de Río Negro. Se trata de un acuerdo firmado por la provincia y China para sembrar 240 mil hectáreas, el doble de la actual superficie rionegrina dedicada a la agricultura, considerada por el oficialismo como “la iniciativa más importante de la historia provincial”. Una gran diversidad de sectores advierte que será la “sojización” de la Patagonia y alertan sobre las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias que implicará. Y puntualizan los abundantes beneficios para el país asiático: la provincia cede 3000 hectáreas sin costo alguno, compromete 240 mil, otorga un sector del puerto provincial durante al menos 50 años, promete la sanción de leyes que beneficien la “inversión” y obliga al Estado provincial a cubrir los costos de oficinas, viviendas y transportes de los técnicos de la empresa china. Desde el Ministerio de Producción niegan que den la bienvenida al monocultivo, incluso cuestionan el modelo agropecuario de Argentina, pero rechazan la posibilidad de prohibir a los capitales chinos que siembren soja.
En octubre último, el gobernador de Río Negro, Miguel Saiz, viajó a China. En los medios de comunicación de la provincia sonaba desde hacía meses la posibilidad de un contrato comercial con ese país. El acuerdo fue celebrado bajo el título de “Acuerdo de cooperación para el proyecto de inversión agroalimenticio”: ése es el nombre formal del documento que vincula a la provincia y a la empresa estatal china Heilongjiang Beidahuang State Farms Business Trade Group, representada en Argentina por Strong Energy. Catorce carillas, en castellano y chino, donde la provincia argentina aparece como “parte A”, la empresa china como “B”, las ventajas parecieran corresponder a los asiáticos y las obligaciones a la provincia patagónica.
“La parte A (gobierno de Río Negro) realizará todos los trámites a fin de aplicar las normas que exceptúen de todos los impuestos provinciales, tasas, ingresos brutos, sellos, patentes, etc.”, grafica el punto seis del acuerdo, y el punto siete establece: “(Río Negro) gestionará ante el gobierno nacional y el Banco Nación a fin de que los fondos de inversión de B (China) no estén alcanzados por encajes bancarios”.
El ítem once obliga a la provincia a “poner a disposición (privada) todos los técnicos de aguas” que se desempeñen en el Estado y los estudios que existan sobre el tema. También compromete que la “futura explotación” se realizará en 50 mil hectáreas de Valle de Colonia Josefa, 74 mil hectáreas de Valle de Negro Muerto, 38 mil de Guardia Mitre, 31.500 de Margen Norte y 41 mil de Valle La Japonesa. Un total de 234.500 hectáreas rionegrinas. Desde el Gobierno aclaran que la superficie bajo riego podría extenderse a las 320 mil hectáreas.
A partir de la carilla once comienza el “anexo” del acuerdo. El Estado provincial se compromete a “ofrecer la mejor política de inversión, brindando garantía mediante la creación de leyes”. El párrafo siguiente es al menos llamativo: los capitales chinos se comprometen a instalarse en la provincia, pero “el Estado de Río Negro se compromete a brindar sin cargo algunos espacios para la oficina y vivienda, como también los medios de transporte y equipamiento para la oficina”. La “inversión” china ni siquiera deberá adquirir computadoras o lapiceras, todo correrá por cuenta del Estado rionegrino.
El acuerdo destaca que China enviará “especialistas” para investigar la forma de inversión, pero “todos los gastos originados durante el período de estudio serán solventados por A (gobierno de Río Negro)”.
Fuente: Puerta E
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